Con sus acciones el prelado busca “construir la paz en el territorio que ocupa nuestra diócesis”, responde a la Secretaría de Gobierno estatal que lo acusó ante el gobierno federal de que asume posiciones contrarias a las instituciones y las leyes de Guerrero.

Chilpancingo, Guerrero, 14 de diciembre de 2018. La diócesis Chilpancingo-Chilapa, calificó de “criminalización” las acciones de las autoridades estatales contra el obispo Salvador Rangel Mendoza por su acción pastoral “en busca de la paz en el territorio que pertenece a la diócesis”, en referencia a la queja que la secretaría de Gobierno estatal envió a la de Gobernación federal el 7 de diciembre pasado.

En tanto que en un mensaje emitido por el obispo con motivo del día de la Virgen de Guadalupe, llamó a los feligreses que en estos momentos de crisis que vive Guerrero se acerquen a ella “con amor y con devoción para que vuelva a hacer ese gran milagro y nos conceda la unidad de los mexicanos, la concordia y la paz”.

En su comunicado, la diócesis dijo que las recientes declaraciones hechas por autoridades estatales, criminalizan la acción pastoral “que nuestro obispo Salvador Rangel Mendoza ha estado llevando a cabo para buscar y construir la paz en el territorio que ocupa nuestra diócesis”.

El documento que fue subido a la página de la diócesis Chilpancingo-Chilapa el miércoles pasado, refiere que la situación de violencia e inseguridad que ha prevalecido en los últimos años en el Estado, “puede transformarse con la contribución de distintas voluntades: gobierno, asociaciones civiles, ONG’s, personas de buena voluntad y sociedad en general”.

Agrega que la Iglesia puede también colaborar, principalmente en la prevención de la violencia e inseguridad y el acompañamiento a las víctimas, en el diálogo y en la animación de una sociedad civil responsable”.

Pero agrega que le causa extrañeza que autoridades de alto nivel del estado estén “criminalizando las acciones que nuestro obispo está realizando, que no buscan más que ayudar a los hermanos que han sido desplazados de sus lugares de origen en la región de la Sierra de Guerrero, quitándoles el derecho que todos los ciudadanos tenemos, vivir en paz y gozar de casa y sustento”.

La diócesis considera que la construcción de la paz es una prioridad “y debemos buscarla a través de todos los medios disponibles”.

Asimismo, añade que la defensa de la dignidad y los derechos humanos de la persona, es un hecho que compete a todos, especialmente a las autoridades estatales y federales.

Pero reprocha que las comisiones e instituciones de derechos humanos “defienden más a los que transgreden las leyes antes que a las víctimas de la violencia, lo que es preocupante y alarmante al querer juzgar un hecho de acercamiento a las víctimas de esas violencias y buscar construir la paz”, según información que dicen tener de una encuesta.

Agrega que como iglesia particular, el presbiterio diocesano y los fieles laicos, “rechazamos rotundamente todas aquellas acusaciones y tergiversaciones que criminalizan las acciones pastorales de nuestro Obispo, referente a cualquier tipo de acercamiento a las víctimas de la violencia y a los diversos actores de la misma”.

El comunicado fue difundido luego de las diferencias que se han acrecentado entre el secretario de Gobierno Florencio Salazar Adame y el obispo Rangel Mendoza, a raíz de la postura que el prelado ha asumido en defensa de los desplazados por los policías comunitarios de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) de varios pueblos de Leonardo Bravo (Chichihualco).

A raíz de esta postura del prelado, el subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos Rogelio Parra Silva envió un oficio al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación federal, Alejandro Encinas Rodríguez, en el que acusa a Rangel Mendoza de asumir “posiciones contrarias a las instituciones y al marco normativo legal del estado de Guerrero, precisándose que sus manifestaciones inciden en la buena relación que debe prevalecer entre el Estado y las Iglesias”.

En su comunicado, la diócesis, expresa su disposición para trabajar, “como ahora lo estamos haciendo” a favor de la construcción de la paz y la reconstrucción del tejido social en nuestro estado y especialmente para defender la dignidad de las víctimas”.

Pero exige a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a las subsecretarías y a la Comisión de Derechos humanos del Estado y Federal, “atiendan, sin demora, las necesidades y derechos humanos de todas esas personas que han sido desplazadas de sus lugares de origen en la región de la Sierra del Estado de Guerrero”.

También demanda que atiendan las causas que han originado esos hechos, “ya que es una labor que por ley les compete”.

Además, plantean el “reclamo” de la sociedad “que pide tener un ambiente de paz, tranquilidad y seguridad”.

A las autoridades de los tres niveles de gobierno les exige usar todos los mecanismos a su disposición, para que la paz sea una realidad en la entidad.

“Se ha dicho que no se pueden asumir posiciones contrarias a las instituciones y al marco normativo legal del Estado, pero nuestros pueblos y comunidades necesitan soluciones prácticas, para restablecer el Estado de derecho y la convivencia pacífica y civilizada en nuestro Estado”, plantea finalmente la diócesis.

A su vez, en un mensaje emitido por el obispo con motivo del día de la Virgen de Guadalupe, llamó a los feligreses a que en estos momentos de crisis que vive Guerrero se acerquen a ella “con amor y con devoción para que vuelva a hacer ese gran milagro y nos conceda la unidad de los mexicanos, la concordia y la paz”.

También pidió porque México pueda transitar por los caminos de la paz, la prosperidad y la justicia.

Fuente: El SUR.

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